El Gobierno obligará a las constructoras a reservar el 40% de sus promociones para vivienda protegida

La Ley de Vivienda, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con EH Bildu y ERC, obligará a reservar el 40% del suelo para destinarlo a vivienda protegida en terreno urbanizable. Esta imposición ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector promotor, que asegura que provocará que muchos proyectos sean inviables «porque las cuentas se han hecho sin tener en cuenta esta obligación».

En este punto, la ley ha sufrido una importante variación a solicitud de la extrema izquierda. En concreto, se ha incrementado el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida del 30 al 40% en terreno urbanizable y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado. Al respecto, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) alerta de la necesidad de establecer una transitoriedad para que no sea aplicable en las reservas urbanísticas ya presentadas, puesto que implicaría una modificación de la Ley del Suelo y podría aumentar el precio de la vivienda libre.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña, asegura que «esta ley es una mala noticia a nivel social». «Desde la asociación, hemos hablado en varias ocasiones con el Ministerio porque pensamos que no van en el sentido correcto», asegura. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido en cuenta las peticiones de las promotoras para la elaboración de la Ley de Vivienda.

El sector promotor insiste en que «ya hay en manos de las administraciones y de los promotores muchísimo suelo para vivienda protegida. Pero el Gobierno no se para a pensar por qué no se desarrolla el que hay y quiere seguir destinando más suelo a vivienda protegida que no se va a construir porque no es rentable. Con el precio máximo al que se pueden vender o alquiler y el coste que tiene construir, la empresa pierde dinero», explican desde una de las principales promotoras de España.

Cabe destacar que las promotoras no están obligadas a construir las viviendas protegidas en el 40% del suelo que se fije para dicha tipología, pero no podrán construir otro tipo de vivienda. Por lo tanto, tendrán que vendérselo a administraciones públicas o a otras empresas para que éstas construyan vivienda protegida. Así, «si una promotora ha comprado un suelo pensando en destinarlo al 100% para vivienda libre y después tiene que vender el 40% para vivienda protegida, el precio cae considerablemente y el proyecto planteado al inicio puede ser inviable», explican fuentes del sector.

Por su parte, Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers España y Portugal, avisa de que cuanto mayor sea el porcentaje que se destine a  vivienda protegida en un ámbito, más se encarecerá el suelo de vivienda libre. Y, por ende, esto supondrá un aumento del precio final de la vivienda.

Caída de la inversión

El sector inmobiliario coincide en que la normativa provocará la caída de inversión en construcción de vivienda nueva por parte tanto de los grandes desarrollos urbanísticos, como de los más pequeños; ya que puede provocar cambios en las decisiones de los inversores. Además, «se verán paralizadas las labores de rehabilitación y obras de mejora de los inmuebles destinados al alquiler, poniendo en peligro la inversión para este mercado», apuntan desde la patronal presidida por Juan Antonio Gómez-Pintado.

Asimismo, las promotoras y constructoras insisten en que la subida de los costes de construcción dificulta el desarrollo de vivienda protegida o asequible. «Los costes de construcción han aumentado más de un 35% debido al alza del precio del suelo, el encarecimiento de los materiales, la energía y la escasez de mano de obra, lo que hace que sea casi imposible desarrollar vivienda protegida o asequible, porque no es rentable», explican fuentes del sector.